Su cónyuge, no. Lo siento...

El Parlamento Europeo respaldó ayer una propuesta presentada por la alemana Ingebor Grässle para prohibir que los cónyuges de los eurodiputados puedan estar empleados por la Eurocámara, un apoyo que Grässle calificó de "gran gesto" porque, según explica desde Estrasburgo, "la forma en que organizamos nuestras oficinas no es una cuestión personal sino una cuestión eminentemente política".

Europarlamento en Estrasburgo.

A los eurodiputados se les permite desembolsar hasta 4,052 euros al mes en gastos de despacho, una cantidad que incluye desde el pago de alquiler a costes informáticos o recibos de electricidad, y unos 16,914 euros adicionales para contratar a ayudantes parlamentarios. Ha habido casos, según denuncia Grässle, en los que ese fondo "se ha utilizado para pagar los estudios de los hijos de los europarlamentarios. Por eso, es bueno que avancemos en la transparencia de una gestión que ha atraído la crítica del público europeo y de nuestros propios auditores internos".

Pero no todos estaban contentos con el voto. El eurodiputado británico Gary Titley se mostró crítico con la iniciativa que calificó de "cortina de humo deliberada" y de ser equivalente a "echar carne a los leones" porque "se centra en un tema menor y distrae la atención de otros aspectos de los gastos que realmente precisan de una reforma".

Hay una decena de apartados que suelen ser objeto de abuso, como reveló el eurodiputado austriaco Hans-Peter Martin, quien se pasó a las filas de independientes por considerar que ninguno de los grandes partidos europeos tomaría verdaderas cartas en el asunto. Entre ellos se incluyen las dietas de viajes, los servicios de chófer al aeropuerto, el fondo de pensiones voluntario adicional y los gastos generales de la oficina de cada eurodiputado.

"Este voto me ha decepcionado, porque no va a las cuestiones fundamentales y además tiene un tufo de hipocresía ya que muchos de los que lo han apoyado suelen votar en contra cuando se han propuesto reformas más profundas sobre el control de gastos" , dice Titley, cuyo partido, el Laborista británico, obliga a sus propios eurodiputados a pasar auditorías independientes desde el año 2000.

"Siempre se puede decir que no es suficiente", argumenta Grässle, "y naturalmente que se puede hacer más, pero éste es un primer paso muy importante y una señal de que las cosas han empezado a moverse".

También hay cuestiones culturales en juego. La práctica de emplear a miembros de la familia -un sacrilegio para alemanes y escandinavos en el servicio público- no es inusual entre los británicos y, en muchos casos, explican, procede de la necesidad de continuar con el trabajo político desde el hogar familiar, fuera del horario normal de oficina.

Según Titley, su esposa Charo, a quien él emplea, es una secretaria trilingüe cualificada "en quien puedo confiar y que continúa trabajando desde casa cuando lo necesito". La también británica Diana Wallis dice claramente en su página web que tiene contratado a su marido Stewart Arnold, cuya formación en marketing en el norte de Europa le resulta muy útil en el campo mediático. El conservador Philip Bushill-Mattews también da empleo a su esposa y ha defendido en declaraciones a la BBC que contratar a un familiar "no debería ser un problema en la medida en que hagan un trabajo competente para el que estén cualificados y no se oculte al público".

El voto de ayer (447 a favor frente a 149 en contra) no es vinculante aunque Grässle espera que lo adopte el órgano político interno del Parlamento. "Va a ser muy difícil de aplicar", advierte Titley: ¿Cómo se define a un familiar? ¿vamos a hacernos pruebas de ADN? y ¿qué va a impedir al colega que trabaja en el despacho de al lado contratar a mi mujer y yo a la suya?".