Lugo.- El Ayuntamiento de Lugo ya había advertido en "reiteradas ocasiones" ante la Xunta de Galicia de las deficiencias que presentaban en materia de puntuación los sucesivos decretos reguladores para la adjudicación de viviendas de promoción pública.
El alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco.
Así lo hizo constar hoy el alcalde, Xosé Clemente López Orozco, en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que exhibió un documento que hizo llegar al Valedor do Pobo cuando esta institución requirió información sobre la adjudicación masiva de viviendas a familias de etnia gitana en el barrio lucense de A Ponte.
En la respuesta al Valedor, que el ente local remitió hace algo más de un año, se advertía de que los ayuntamientos "venimos observando cómo aplicando los baremos de puntuación contenidos en los sucesivos decretos autonómicos reguladores de este tipo de viviendas resultan adjudicatarias familias que pertenecen, mayoritariamente, a la etnia gitana o al colectivo emigrante".
"En reiteradas ocasiones, el ayuntamiento ha manifestado ante la Xunta la conveniencia de que las viviendas sociales estuviesen dispersas por la ciudad, para evitar la concentración de familias con problemáticas sociales graves; en definitiva, para evitar la marginalidad y la perpetuación de bolsas de conflictividad", se advertía en la respuesta.
En esa misma contestación, firmada por la jefa de Servicios Sociales, Ana Tabarés, también se reflejaba que hasta ahora "nuestras propuestas no se vieron plasmadas en la realidad".
Este informe también lo dio a conocer, esta misma mañana, el alcalde a una comisión de vecinos de A Ponte integrada por cinco personas, ante las que concluyó que el ayuntamiento "no es responsable de haber construido las viviendas; tampoco de su adjudicación; ni del Decreto de cómo había que adjudicarlas", puntualizó.
"El ayuntamiento hizo el papel que le dieron para jugar y el ayuntamiento al Valedor do Pobo le expuso lo que ya en muchas ocasiones habíamos expuesto", concretó Orozco, quien hoy se quedó con la "impresión" de que los vecinos salieron de la reunión "con las cosas claras".
Con todo, reconoció que el problema de concentración de familias gitanas en el barrio de A Ponte "no es fácil" porque, advirtió, "hay que conjugar muchos derechos, alguno constitucional y humano".
Además, quiso remarcar que en la entidad que preside "no queremos pasar por los burros de turno".
"No tenemos responsabilidades y nos ponen una carga que no merecemos ni es justa que nos la carguen", subrayó.
El alcalde insistió en que se dio cuenta de que los vecinos, que lo llegaron a considerar como el máximo responsable, "tenían mala información", por lo que también se ofreció a mediar para encontrar una solución pero pidió la ayuda de todas las administraciones y colectivos implicados.
"Yo solo no puedo arreglar el problema", agregó.
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