El PSOE pide una nueva financiación local para 2009, pero no asume los 7.000 millones que pide la FEMP

MADRID.-  El responsable de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, afirmó hoy que su partido apuesta por que en enero de 2009 entre en vigor un nuevo modelo de financiación local, vinculado al nuevo modelo autonómico que se está debatiendo y basado en el "principio de lealtad institucional", aunque no quiso poner cifras a las necesidades de los municipios al inicio de la negociación.

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EP (EUROPA PRESS)

El responsable de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, afirmó hoy que su partido apuesta por que en enero de 2009 entre en vigor un nuevo modelo de financiación local, vinculado al nuevo modelo autonómico que se está debatiendo y basado en el "principio de lealtad institucional", aunque no quiso poner cifras a las necesidades de los municipios al inicio de la negociación.

Cuesta participó hoy en una reunión en el Senado entre el PSOE, el Grupo Socialista en la Cámara Alta y una representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organización que ha calculado precisamente en unos 7.000 millones de euros el déficit de financiación que tienen los municipios por ejercer competencias que no les corresponden.

"No nos sentimos vinculados por una cifra concreta al inicio de un proceso de negociación que queremos compartir con todos los grupos y con todas las administraciones", explicó Cuesta en rueda de prensa. El dirigente socialista aclaró a continuación que con lo que sí está comprometido el PSOE es con la "lealtad institucional" que se debe a los ayuntamientos y con la corrección de lo que se han denominado competencias impropias.

"Ni una sola competencia sin financiación suficiente; ni una sola decisión fiscal o tributaria del Gobierno o de las comunidades autónomas que genere menos ingresos a los ayuntamientos sin compensarlos; y ni una sola decisión política que implique gasto en los ayuntamientos sin compensarlos", subrayó Álvaro Cuesta.

En cuanto a los plazos para reformar el sistema, el responsable de Política Municipal socialista aseguró que los ayuntamientos no están sometidos a ninguna "fecha mágica", como podría ser el 9 de agosto, plazo que concede el Estatuto catalán para la nueva financiación de esa Comunidad. Insistió en que el objetivo del PSOE es que el nuevo modelo de financiación autonómica y local entre en vigor en 2009 y que sus "consecuencias" sean aplicadas "gradualmente" en los años sucesivos.

LO PRIMERO, EL CONSENSO

La portavoz del PSOE en el Senado, Carmen Silva, y el presidente de la FEMP, Pedro Castro, defendieron la importancia de lograr un consenso inicial en torno a la necesidad de que la financiación local se reforme junto a la autonómica, que ya está en negociación. "No sería inteligente movernos mucho de ahí", manifestó Silva, cuyo grupo defenderá mañana en el Pleno de la Cámara una moción a favor precisamente de esta negociación simultánea.

"Tomamos nota", dijo a continuación preguntada por los 7.000 millones que reclama la FEMP. Silva abogó por lograr primero el compromiso de partidos políticos y administraciones de que se atenderá a los ayuntamientos y debatir después las cifras. También advirtió de que esta negociación no puede derivar en una "confrontación con las Comunidades Autónomas". "Ponerlas contra las cuerdas es lo menos inteligente", dijo.

Pedro Castro se sumó a estas consideraciones. "El principal valor es el consenso", aseguró el presidente de la FEMP, organización que defiende sus intereses de manera unánime pese a los diferentes partidos políticos que la componen. El dirigente municipal, que además es alcalde de Getafe (Madrid), terminará este mes las reuniones con los presidentes de todas las Comunidades Autónomas. Les está exponiendo las exigencias de la Federación y, según dijo hoy, ha obtenido algunos resultados.

Según expuso Castro, los dirigentes autonómicos están de acuerdo con que la FEMP participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se va a negociar la reforma de la financiación y con que en cada comunidad se cuantifique el déficit de los ayuntamientos de cara a negociar su compensación. También están abiertos a aceptar que cada ayuntamiento decida a qué dedica el dinero que recibe de su Gobierno autonómico y que esa transferencia no sea condicionada.