MADRID.- Los médicos forenses que examinaron a los menores víctimas de la red de pederastas liderada por Álvaro I.G., alias 'Nanysex', acreditaron hoy en la quinta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid el uso de la fuerza en los abusos sexuales cometidos por José G.C., apodado 'Aza', contra uno de los niños, de 6 años, al que vejó en diversas ocasiones.
Los médicos forenses que examinaron a los menores víctimas de la red de pederastas liderada por Álvaro I.G., alias 'Nanysex', acreditaron hoy en la quinta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid el uso de la fuerza en los abusos sexuales cometidos por José G.C., apodado 'Aza', contra uno de los niños, de 6 años, al que vejó en diversas ocasiones.
En la sesión, los psicólogos que exploraron a los pequeños expusieron los informes que elaboraron en junio de 2005 para detectar la presencia de secuelas físicas y psíquicas derivadas de la traumática experiencia que vivieron a manos de 'Nanysex' y sus acólitos, quienes se enfrentan a más de 86 años de cárcel.
En el caso de uno de los vejados, el informe de exploración psiquiátrica recoge que el menor "meciona" que José G.C., de 26 años, "le daba golpes en la cabeza" para obligarle a mantener contactos sexuales. La autora del informe ratificó dichas manifestaciones, lo que implicaría la imputación al procesado de un nuevo delito de agresión sexual y, por tanto, un aumento de la pena.
'Aza' se enfrenta a 24 años de prisión por dos delitos de abusos sexuales y otro de pornografía infantil. Otro de los informes manifiesta que abusaba de sus víctimas en su casa, donde les advertía de que "no podían hablar" y les llegaba a dar regalos, como una bicicleta.
El abogado Manuel Maza, que asiste a una de las madres afectadas, especificó a los periodistas que este delito no está grabado, añadiendo que ello demuestra que "lo que ha salido a la luz podría ser la punta del iceberg" de los abusos sexuales realizados por estos individuos.
Pese a la brutalidad de las imágenes, la fiscal no califica los hechos como agresiones al no apreciar en los vídeos "signos de intimidación o violencia", requisito legal para que un abuso pueda ser tipificado como agresión. No obstante, las periciales podrían revertir esta consideración, puesto que en varios de los casos se ha demostrado el uso de la violencia para someter a los pequeños. Una de las madres aseguró que encontró "gotas de sangre" en los pañales de su hija, mientras que otra contó que observó en el suyo que tenía "las partes íntimas enrojecidas".
En uno de los recesos, Maza adelantó que incrementará la solicitud de condena a más del doble para José G.G. y para Eduardo S.M., alias 'Todd', para quienes pedía 30 y 20 años de prisión, respectivamente. Según el letrado, el aumento de la condena para 'Todd' se debe a que, a su juicio, ha quedado acreditado que participaba en las vejaciones llevadas a cabo por 'Nanysex' y por 'Todd'. "Su actuación fue determinante para que los abusos se consumaran", aseveró.
En cuanto a las lesiones psicológicas, los expertos expusieron que no se han detectado secuelas en los pequeños, salvo en dos de ellos en los que se aprecia "un cambio de actitud" en su vida cotidiana. Sin embargo, subrayaron que las posibles secuelas se podrían manifestar en la etapa de la adolescencia y advirtieron de que los niños podrían convertirse en "futuros agresores sexuales".
LEY CONTRA LOS PEDERASTAS
Ante el "desamparo" que aseguran sentir los padres por parte de las instituciones, Maza reclamó, en su nombre, la puesta en marcha de una Ley específica contra los pederastas, de igual modo que se impulsó la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Entre otras cuestiones, se trata, según el abogado, de garantizar que las víctimas de los delincuentes sexuales tengan asistencia letrada en los procedimiento judiciales después de que varios de los afectados por 'Nanysex' se hayan visto obligados a afrontar el proceso sin abogado. Una vez que se dicte sentencia, Maza representará a otras cuatro víctimas en la fase de interposición de recursos.
Una de las afectadas está representada por la Fundación Sandra Palo, que preside María del Mar Bermúdez. La madre de la joven asesinada en 2003 acusó a la Fiscalía de Menores y al Defensor del Menor de desproteger a los familiares. "¿Dónde están los abogados de la Fiscalía de Menores?", se preguntó.
María del Mar asistió el pasado sábado a una manifestación silenciosa organizada por la asociación 'Protégeles' y la familia de Patricia Izquierdo contra los pedófilos. Aprovechando la presencia de Arturo Canalda y el fiscal Javier Urra, les recriminó la falta de apoyo de los organismos que representan a los padres de los menores abusados por 'Nanysex' y sus discípulos.
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