Ourense.- El gerente de la inmobiliaria "Seiseme" con sede en Catoria (Pontevedra) Juan Iglesias Rodríguez, negó, en declaraciones a Efe, los supuestos incumplimientos de contrato denunciados en varios juzgados de Galicia y señaló que hasta la Navidad de 2007 entregó todas las viviendas comprometidas "pero luego ya no por la crisis" agregó.
Seis de las familias que contrataron en 2005 y 2006 la construcción de una vivienda unifamiliar en una urbanización ofertada por la inmobiliaria "Seiseme" de Catoira (Ourense) y denunciaron a su gerente como presunto autor de los delitos de estafa y apropiación indebida, junto con otras familias de toda Galicia. Detrás, la parcela destinada a la urbanización, en Cabeanca (Ourense), y el cartel de la promotora.
El promotor, denunciado por al menos 50 compradores de los que una decena es de Ourense, dijo que su oficina en Catoria, a pocos metros del Ayuntamiento, sigue abierta y con "mucho estrés" pero cerró una semana por vacaciones aprovechando los festivos locales, señaló al ser preguntado por la imposibilidad de contactar con dicha sede.
También aludió a los fallos judiciales que resultaron de las denuncias de una brigada de trabajadores de la construcción y de varios proveedores de material y señaló que las dos sentencias de las que tiene constancia "ya se están arreglando" con ellos.
Sobre la urbanización prevista en Ourense, publicitada con casi cien viviendas unifamiliares y piscina individual gratis en la Cabeanca (Ourense) y dijo que el dinero entregado por los compradores "fue para instalar tubos en la parcela".
El retraso en las obras -inexistentes a pesar de que las primeras entregas de llaves eran en mayo de 2008 según los contratos a los que tuvo acceso Efe- se debe, según el promotor, a demora en la respuesta del Ayuntamiento a su plan sectorial -primer paso para obtener licencia de obra-.
"En realidad el problema de mi empresa es que la gente compró casas que no pudo pagar y ahora muchísimos clientes nos deben dinero a lo que hay que sumar la paralización de los Ayuntamientos en temas urbanísticos que les lleva a no responder en el plazo de tres meses estipulado por la Ley", agregó.
Sumó a esos problemas "no imputables a la empresa" otros como el hecho de que la Xunta "cambió de un día para otro la normativa y prohibió de pronto la segregación de terrenos", en alusión a parcelas adquiridas para construir dos o más viviendas con las que luego preveía pagar al propietario de la tierra -con la permuta de tierra por casa- y a sus compradores.
Iglesias detalló las viviendas construidas en cumplimiento de los contratos firmados y aludió a municipios como Soutomaior, Arcade, Redondela, en la provincia de Pontevedra, además de Rois y Boiro, en la de A Coruña.
Los préstamos-puente solicitados por los compradores con el único destino de adquirir una vivienda -según consta en los contratos con entidades bancarias- fueron invertidos por Iglesias, según explicó, en obras como vallado e instalación de tuberías.
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