Los socialistas insisten en las críticas a la Generalitat, que pide humildad al Gobierno

Madrid.-  Varios dirigentes autonómicos socialistas no han dudado hoy en criticar a la Generalitat por su postura ante la negociación del modelo de financiación autonómica, aunque el Ejecutivo catalán ha exigido "humildad" al Gobierno con la advertencia de que no firmará nada que "no sea bueno para Cataluña".

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(EFE)

El consejero de Economía del Govern catalán, Antoni Castells, y la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, ayer en Barcelona, durante la reunión que han mantenido para hablar de la postura de los populares catalanes sobre la financiación a las autonomías, de cara a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Así, desde el gobierno de Aragón, su presidente, Marcelino Iglesias, ha rechazado la posición de su homólogo catalán, José Montilla, y ha recalcado que el Estado debe atender al "conjunto de los estatutos", que son igualmente leyes orgánicas y fijan condiciones en financiación.

Iglesias ha defendido la negociación conjunta de la financiación y ha opinado que la Generalitat "se equivoca" cuando plantea sus condiciones "como si fueran las únicas a contraponer a la posición del Estado".

Por parte de los socialistas gallegos, su secretaria de Organización, Mar Barcón, ha señalado que "cada euro que va al modelo catalán es un euro menos para Galicia", y ha asegurado que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, "defenderá los intereses de los gallegos por encima del compromiso de partido".

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, por su parte, ha mostrado su preocupación por el hecho de que el Ejecutivo catalán "esté tensando la cuerda" en un asunto que requiere prudencia y responsabilidad.

Fernando Lamata ha pedido que "se baje un poco el tono del debate" y que sea "sereno y exigente", siempre que se tenga claro que todas las comunidades tienen que "ganar", porque "un buen acuerdo es aquel en el que ganan todos", ha precisado.

No ha variado en esta jornada la postura del Gobierno de la Generalitat y, así, su consejero de Interior, Joan Saura, ha exigido "humildad" al Ejecutivo central ante su "incumplimiento" a la hora de acordar el nuevo modelo previsto en el Estatut.

Ha querido dejar claro Saura, que ejerce esta semana de presidente en funciones de la Generalitat, que en su Gobierno no existe "ninguna fisura" a la hora de defender que no se rubricará un acuerdo de financiación "que no sea bueno" para Cataluña.

Según Saura, la Generalitat está dando una "lección de responsabilidad", ya que firmar un mal acuerdo de financiación podría "hipotecar" Cataluña para los próximos diez o quince años.

Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de la Generalitat, comparte la misma opinión, y ha manifestado que "el Gobierno de Cataluña no aceptará un modelo de financiación injusto e ilegal", a la vez que ha lamentado las críticas formuladas desde otras autonomías.

"Gracias o por culpa de nuestro déficit, tienen más inversión por habitante en sanidad; lo cierto es que en Cataluña hoy padecemos más pobreza que Extremadura", ha afirmado Carod-Rovira, quien ha advertido de que la solidaridad de la comunidad "con el resto del Estado continuará, pero no será eterna".

Mientras, desde el PP se ha querido dejar clara la postura del partido en contra del Estatut, lo que no quiere decir, según ha dicho su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que no apoye una financiación "justa" para Cataluña, comunidad que acumula "retrasos importantes" en materia de infraestructuras.

De Cospedal ha recordado que su partido ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que informe de los criterios que se van a fijar para el nuevo modelo.

Una comparecencia que también ha pedido el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV, que hoy ha registrado esta solicitud en el Congreso, con el apoyo del Grupo Mixto, para que Zapatero explique en un pleno extraordinario los motivos por los que el Gobierno "ha incumplido el Estatut".

Las dos solicitudes de comparecencia tendrá que debatirlas y votarlas la Diputación Permanente en una reunión que, según las fuentes parlamentarias consultadas por Efe, podría celebrarse el próximo día 20 de agosto.