Los cinco grupos pactan instar al Gobierno a buscar una solución a Neoelectra en Aliaga

Zaragoza.-  Los cinco grupos parlamentarios de las Cortes han pactado hoy una proposición, aprobada por unanimidad, en la que instan al Gobierno de Aragón a que adopte las medidas oportunas para posibilitar el mantenimiento de la planta de cogeneración de Neoelectra en Aliaga (Teruel).

En la misma iniciativa, transaccionada por todos los grupos después de que el PP presentara una proposición no de Ley en este sentido, se insta también al Gobierno a adoptar medidas para autorizar la planta de recuperación de dióxido de carbono (CO2) en el mismo término municipal.

La diputada popular Yolanda Vallés ha defendido la propuesta y ha hecho un resumen, en la exposición de motivos, del cúmulo de "errores" que han llevado a la actual situación de la planta de Aliaga, fruto de "contradicciones internas" en el Gobierno de Aragón.

La empresa Cinca Verde, se explica en la iniciativa del PP, desarrolla desde 1996 la actividad de generación de energía eléctrica por cogeneración y se ha visto obligada a cerrar la planta de Aliaga por cuestiones administrativas, después de una inversión ejecutada de veinte millones de euros.

A pesar de que la empresa cuenta con autorización administrativa para su instalación desde 1999, con licencia de obras de la Dirección General de Industria y Comercio, ha recibido recientemente informe negativo para su petición de autorización ambiental integrada.

El argumento es que "no se utiliza la energía y el agua de manera eficiente", ya que no tiene autorización para conectarse con el ramal de gas licuado que está a 150 metros de sus instalaciones y el agua la recibe con camiones cisternas a la espera de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La decisión sobre esta planta, después de que el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se inhibiera del caso por "cuestiones personales", corresponde tomarla ahora al Consejo de Gobierno, y las Cortes de Aragón le urgen que decida pronto, debido al impacto que el cierre puede tener sobre la población de Aliga, puesto que el 15 por ciento de su población activa trabaja en Neoelectra.

Los portavoces de los grupos de la oposición han coincidido en señalar que las cosas en este expediente se han hecho "mal" desde el principio, y eso ha repercutido en los trabajadores y los habitantes de Aliaga.

Por el PAR, Joaquín Peribáñez ha defendido la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que sólo cumplió la legalidad al emitir una negativa para la autorización ambiental integrada.

Bizén Fuster (CHA) ha lamentado que alguien, "alegremente" y por "varias veces, cometiera "errores de bulto" con este expediente al autorizar cosas "que no debía".