La Generalitat valenciana creará un registro de porteros y les dará un carné

Valencia.-  La Generalitat valenciana creará un registro de porteros de establecimientos de ocio para tener un control y seguimiento de cualquier irregularidad o incidencia en el ejercicio de sus funciones, que podrán desarrollar sólo si superan los exámenes teórico-práctico y psicotécnico para obtener el carné.

Así lo establece el Decreto que regula el derecho, la reserva y el servicio de admisión en los establecimientos públicos destinados a la realización de espectáculos y actividades recreativas, aprobado hoy por el pleno del Gobierno valenciano.

Este Decreto, que amplía la normativa que regulaba el derecho de admisión desde 2001 y cuyo borrador fue presentado la semana pasada por la Conselleria de Gobernación, profundiza en quién y cómo ha de ejercer el derecho de admisión.

La capacitación de los porteros de discoteca y otras salas ha suscitado recientemente un fuerte debate, en especial tras la muerte, el pasado mes de noviembre, del joven de 18 años Álvaro Ussia, en la discoteca El Balcón de Rosales de Madrid.

En la Comunitat Valenciana, los aspirantes deberán superar un examen psicotécnico y una prueba teórico-practica sobre conocimientos jurídicos, de psicología y de primeros auxilios.

Quienes no superen esa prueba no podrán ejercer el derecho de admisión, pero quienes sí la pasen tendrán que repetirla a los cuatro años, con el objetivo de garantizar su "continuo reciclaje y formación".

El Decreto también establece una serie de requisitos para aquellos que han de presentarse a las pruebas, como no tener ninguna condena por delito contra las personas o el patrimonio y estar en posesión, al menos, de título de graduado en ESO o Formación Profesional en grado medio o equivalentes.

"El derecho de admisión se ejercerá siempre con respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos funcionales, sin que quepa discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, género, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social", añade la normativa aprobada hoy.

No obstante, matiza que "se podrán establecer condiciones particulares de admisión que serán, desde luego, objetivas, públicas y aplicadas por igual a todos".

La Generalitat podrá retirar esa habilitación si incumple la normativa o se excede en las funciones que el Decreto otorga a quien ejerce el derecho de admisión "y que en ningún caso contemplan el uso de la violencia o la fuerza física".