La consejera de Educación dice que la sentencia del Supremo cierra la polémica y nos está dando la razón

Guadalajara.-  La consejera de Educación, María Ángeles García, celebra la sentencia del Tribunal Supremo al rechazar el derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía porque "cierra esta polémica y avala todo lo que hemos venido diciendo sobre la materia y nos está dando la razón en una palabra".

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(EFE)

La consejera de Educación y Ciencia, María Ángeles García, durante una comparecencia. EFE/Archivo

En un encuentro con los medios de Guadalajara tras conocerse el fallo, la consejera, que insistió en la necesidad de "pasar página", cree que ahora se debe ir "hacia adelante y olvidarnos de esta polémica que creo que en muchas ocasiones ha sido intencionada políticamente y estéril para el mundo educativo".

Manifestó que teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Educación dispondrá en los próximos días las medidas necesarias para que el alumnado que en la región había sido eximido cautelarmente de cursar la asignatura pueda alcanzar los objetivos de esta y no se resientan sus resultados académicos.

De momento -dijo- esperarán a conocer la literalidad de la sentencia para tomar las medidas pero aseguró que "las medidas que tomemos siempre van a ir en favor de nuestros alumnos y vamos pedir la colaboración de todos, centros educativos, familias y propios estudiantes" para poder subsanar el tiempo perdido y siempre serán en favor de los alumnos.

La titular de Educación ha pedido la colaboración de estudiantes, familias y centros educativos para "recuperar cuanto antes entre todos el tiempo perdido" por los escolares que no han asistido a la clase de esta asignatura en estos meses.

A los padres objetores les dijo que "deben estar tranquilos porque la actitud de esta Consejería siempre ha sido muy respetuosa" tanto con los que tenían medidas cautelares como con los que no y "siempre actúa en favor de los alumnos".

Insistió en que el fallo del Tribunal Supremo "establece que Educación para la Ciudadanía es una materia como cualquier otra y que asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes", y también que "por supuesto, no lesiona el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación moral adecuada a sus convicciones".

A su juicio, también indica la adecuación de la materia a la legalidad vigente y la ausencia de es supuesto afán de indoctrinamiento que se le atribuía a la materia.

Además, "esta decisión avala la ley orgánica de Educación y la actuación del Ministerio de Educación y de la Consejería de este área en Castilla-La Mancha.

"El fallo establece -ha añadido- que ningún gobierno puede incumplir las leyes y que no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hechos sobre esta asignatura".

Sin conocer todavía mucho de la sentencia, la titular de Educación incidió en que "no hay lugar" para la objeción de conciencia sobre esta asignatura porque "nada hay en ella que invada los derechos fundamentales de los estudiantes, todo lo contrario", pues a su juicio, Educación para la Ciudadanía enseña a los alumnos sus derechos y deberes en una sociedad democrática y tolerante.

Reiteró la necesidad de una formación común para todo el alumnado en materia de ciudadanía democrática y derechos humanos, una posición que -según expresó-, comparte el Consejo de Europa, que "fue el que recomendó que todos los estados miembros incorporasen a sus sistemas educativos esta materia".

Para la titular de Educación está claro que "ha llegado el momento de dejar de lado esta polémica y de pasar página y dedicarnos a lo que realmente nos importa en educación".

La consejera explicó a preguntas de los periodistas que los ciudadanos que lo estimen pueden recurrir a otras instancias, y aseguró que en Castilla-La Mancha no se ha generado en ningún momento "ningún tipo de altercado ni desasosiego en los centros" respecto a esta materia.

La suspensión cautelar en Castilla-La Mancha afectaba a 12 alumnos de 2º de la ESO, 3 de ellos en la provincia de Guadalajara, al margen de las objeciones que ha habido con medidas cautelares en otros cursos.