Los pagos a 480 días tienen las semanas contadas

Las empresas que tengan líos con la Administración —por líos entendemos que estos últimos les deban dinero— tienen un poquito más cerca la solución de los mismos. El secretario de Estado de Hacienda y Prespuestos, Carlos Ocaña, ha adelantado hoy que en unas semanas sabremos cómo se lo han ingeniado para que los ayuntamientos morosos, que no están cumpliendo los plazos para pagar a las empresas que contratan, cumplan con su deber. En algunos casos, según denuncian los empresarios, el plazo se demora hasta los 480 días.

Manu_el Madrileño (Flickr)

Los ayuntamientos dirán por fin "sí" te pago

Es más que conocido, y así lo ha admitido también el Gobierno, que las entidades locales no están cumpliendo con los 60 días de plazo máximo de pago a las empresas que contratan que marca la ley, aunque alguna que hemos consultado desde soitu.es jura y perjura que cumple religiosamente lo que manda la norma. Según la Ley de Contratos del Estado todo lo que excede de este plazo es morosidad, y conlleva unos intereses de demora que rondan el 10%. Con lo que a más retraso más deuda acumulan los ayuntamientos.

Ahora parece que se empezarán a cumplir estos plazos. Al menos es lo que va a intentar el Gobierno central con una medida que verá la luz en unas semanas y se hará, previsiblemente a través (¡otra vez!) a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

No sabemos si entonces era conocedor de los planes del Gobierno, pero el presidente del ahora resucitado ICO, Aurelio Martínez, reclamó hace poco a los ayuntamientos que reajustaran sus cuentas y empezaran a pagar a los empresarios aunque sea con endeudamiento. Para que se empiece a pagar 'on time' las empresas afectadas se dividirán en grupos para que se establezca una preferencia de pagos.

El problema del techo del déficit

El problema está en que el Ejecutivo ha recordado que ya ha dado medidas a las administraciones locales para que puedan pagar a los empresarios ahogados por la falta de dinero. Los 8.000 millones de euros para inversión local salen del bolsillo del Gobierno y, como medida excepcional ha cedido a la principal exigencia económica de los ayuntamientos, que es tener algo de déficit (algo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no contemplaba en un principio) lo que les inyectaría unos 2.500 millones de euros a repartir entre 8.100 entes locales. Esto sin embargo, no ha contentado a los ayuntamientos que pedían que el endeudamiento llegada como mínimo al 0,5% del PIB.

La noticia de que se tomarán medidas no es nueva del todo. Hace unos días, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo a los empresarios que se estudiarían iniciativas para evitar que los retrasos de las administraciones públicas en los pagos a las empresas que tengan problemas de financiación. A este respecto la principal patronal española, la CEOE, ha sugerido que sea precisamente el ICO el que cubra los 30.000 millones de deuda que ellos cifran que tienen las administraciones locales. El ministerio de Economía niega que el endeudamiento de las entidades sea tan abultado.

Un sofoco real

El problema del sofoco de las empresas no es un invento de la patronal. Tampoco del empresario que amenazó con quemarse dentro de un camión si el consistorio de Loeches (Madrid) no le pagaba. Dos datos, hechos públicos hoy, lo constatan:

• En 2008 la Agencia Tributaria recibió 655.979 solicitudes de aplazamientos de pagos de impuestos al Estado. La cifra es un 21% superior a la de 2007. Y eso que la verdadera crisis empezó a partir de octubre...
• La morosidad de los créditos concedidos por la banca a particulares y empresas subió en diciembre hasta el 3,3%, el nivel más alto desde septiembre de 1997.