Madrid.- La Comunidad de Madrid ha comunicado por escrito a los centros de enseñanza de la región que adopten las medidas necesarias para impartir Educación para la Ciudadanía, una vez que el Tribunal Supremo "ha fijado doctrina" sobre la imposibilidad de aplicar la objeción de conciencia en esta materia.
La Comunidad de Madrid ha comunicado por escrito a los centros de enseñanza de la región que adopten las medidas necesarias para impartir Educación para la Ciudadanía. EFE/Archivo
En la carta, que tiene fecha de 27 de febrero aunque la Consejería la ha hecho pública hoy, se dice a los directores que adopten "las medidas necesarias para que los alumnos de 2º y 4º de la ESO cursen 'Educación para la ciudadanía y los derechos humanos'".
Deben hacerlo, precisa, "conforme a la sentencia del Tribunal Supremo y al Decreto 23/2007 de 10 de mayo de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con el proyecto educativo de su centro".
La Consejería de Educación recuerda en su misiva que "el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fallado sobre cuatro recursos procedentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y de Andalucía en relación con la asignatura 'Educación para la ciudadanía y los derechos humanos'".
"Aunque las sentencias afectan de manera directa únicamente a los alumnos cuyos recursos se han resuelto -explica-, una vez estudiado el texto íntegro, la Consejería de Educación entiende que el Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la asignatura y sus efectos".
Resume la situación al afirmar que "el Alto Tribunal no admite la objeción de conciencia en materia educativa y recuerda que todos los alumnos deben cursar la asignatura", aunque añade que "exige que la enseñanza de la misma no se desvíe de los fines de la educación intentando inculcar o imponer, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista que puedan entrar en colisión con el artículo 27 de la Constitución Española".
El pasado 19 de febrero, la consejera madrileña de Educación de Madrid, Lucía Figar, adelantó que esta carta sería enviada a los 217 centros de enseñanza donde existen objetores a Educación para la Ciudadanía.
Figar dijo entonces que en Madrid, a diferencia de otras comunidades, "no ha habido ningún alumno declarado exento o que no haya sido evaluado" en la asignatura, ya que los objetores han realizado trabajos sobre cuestiones "no problemáticas" del temario, como la Constitución o los Derechos Humanos.
La consejera manifestó que la Comunidad de Madrid acata y cumplirá la sentencia del Supremo y que deja en manos de los centros educativos la capacidad de decidir cómo aplicar la asignatura a los que han sido objetores hasta ahora.
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