CIUDAD DE GUATEMALA.- Ni el presidente Álvaro Colom, ni el ministro de Defensa Abraham Valenzuela, ni la Fiscalía General, ni la Corte de Constitucionalidad son capaces de domar al ejército guatemalteco y obligar a sus responsables a cumplir con las resoluciones judiciales. Los tribunales siguen esperando que los militares entreguen los planes militares que se utilizaron a principios de los años 80 para reprimir las zonas más conflictivas.
Dos de los polémicos planes, los llamados Sofia y Operación Ixil, no aparecen en los archivos del ejército. En ellos estarían explicitas las órdenes dadas a las unidades militares para arrasar con las aldeas de las zonas más influidas por las actividades guerrilleras.
El presidente Colom informó de que la familia de su ministro de Defensa "había sido amenazada de muerte" por entregar algunos documentos desclasificados. El mandatario anunció que algunos ex militares estaban muy nerviosos ante la posibilidad de que estos documentos tan comprometedores pudiesen caer en manos de los jueces que investigan decenas de masacres.
Los ex presidentes Efraín Rios Montt y Oscar Humberto Mejía Victores, ambos generales que dieron sendos golpes de Estado entre 1982 y 1983, podrían ser implicados en las masacres cometidas en esos años, las peores de la guerra civil que se inició en 1962 y concluyó en 1996.
El ejército obstruye la justicia, incurre en desacato, encubre a los criminales genocidas que ordenaron asesinar a decenas de miles de niños, mujeres y hombres por el solo hecho de vivir en zonas donde combatía una guerrilla.
El presidente Colom mantiene un pulso con el ejército y ya ha anunciado que una comisión militar tendrá que analizar todos los archivos militares desde 1954, cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz.
La impunidad ahoga todas las estructuras del Estado guatemalteco e imposibilita juzgar a un solo militar por los excesos del pasado, clasificados como genocidio en los informes internacionales que recogen las sistemáticas violaciones de derechos humanos.
La Plaza Central de la capital muestra desde el pasado 25 de febrero —fecha establecida por el Estado para dignificar a las víctimas de la guerra— banderolas de gran tamaño hechas con fotografías de las principales exhumaciones realizadas en Guatemala en la última década. La mayoría corresponde a los años recogidos en los archivos ensangrentados que los responsables militares siguen escondiendo.
La masacre de Puente Alto (Huehuetenango) ocurrió el 7 de julio de 1982. 353 personas fueron asesinadas. Menores de 17 años fueron violadas. La masacre de Ximbaxue (Quiché) ocurrió el 22 de mayo de 1982. 103 civiles fueron ahorcados, degollados o quemados vivos, incluidos decenas de niños. La masacre de San Francisco (Huehuetenango) se produjo el 17 de julio de 1982. 350 seres humanos fueron ejecutados. La masacre Estrella Polar (Quiché) tuvo lugar el 23 de marzo de 1982 y afectó a 200 civiles, incluidos decenas de niños. La masacre de Cuarto (Quiché) ocurrió el 14 de marzo de 1982 y afectó a 400 personas, entre ellas decenas de mujeres y niños. La masacre de Santo Tomás (Quiché) se produjo el 15 de febrero de 1982 y afectó a 150 personas.
Y así podríamos seguir hasta el infinito porque sólo en el gobierno militar de año y medio de Rios Montt se produjeron 626 masacres documentadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU.
Podemos hablar de fosas temáticas. En unas las víctimas fueron macheteadas hasta la muerte, en otras fueron desnucadas con picos o palas, en otras empaladas o crucificadas. En muchas ahorcadas. En las torturas se utilizó el fuego y se descuartizó a las víctimas. La violencia sexual contra la mujer fue generalizada.
Las fotografías de las banderolas muestran a los exhumados con cuerdas alrededor de sus cuellos, pañuelos a la altura de sus ojos, capuchas que tapan completamente el rostro. En una fosa tres niños descansan muy juntos acompañados de un cochecito de madera. Sorprende que el tiempo haya mantenido en impecable estado las suelas de un par de botas.
Y sorprende que los muertos sean tan pacientes y guarden pruebas durante décadas contra sus agresores.
En un edificio monumental de la plaza la banderola más grande recoge el poema Retazos del Viento que la poetisa guatemalteca Nora Murillo escribió como homenaje a las víctimas:
Hay que desnudar la memoria...
para recuperar el maíz
que desgranaron con el poder
de metralletas
para desenterrar el baúl de sueños
y recuperar las huellas de nuestros mártires
hay que desnudarla
desnudarla
desnudarla
para reconstruir la verdadera historia
y desnudar esas luciérnagas dormidas
en los ojos de nuestros hijos
para prepararle una emboscada rotunda
a la tristeza
e invocar la fuerza
de quienes se atrevieron.
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