Managua.- El jefe del Ejército de Nicaragua, el general Omar Halleslevens, dijo hoy que el Gobierno de Daniel Ortega tiene la potestad de "resolver" sobre la destrucción de 651 cohetes antiaéreos del tipo Sam-7, propuesta por Estados Unidos.
"Pensamos que el Gobierno de Nicaragua tiene la potestad de resolver alrededor de los mismos (destrucción de misiles)", sostuvo el jefe del Ejército de Nicaragua, General Omar Halleslevens. EFE/Archivo
"Pensamos que el Gobierno de Nicaragua tiene la potestad, como Estado, de resolver alrededor de los mismos (destrucción de misiles) en (base a) los criterios que estime conveniente", sostuvo el alto mando militar en declaraciones a la prensa.
"Esa es nuestra posición alrededor de los cohetes tierra-aire", insistió.
Washington ha expresado su temor de que los cohetes antiaéreos Sam-7, capaces de derribar aviones comerciales, caigan en manos de terroristas y ha presionado a Nicaragua para su destrucción total.
Ortega expresó meses atrás la voluntad de su Gobierno de destruir 651 misiles de este tipo de los 1.051 que existen en los arsenales del Ejército nicaragüense, a cambio de medicinas y equipos de alta tecnología para mejorar la atención en los hospitales de este país.
El jefe militar nicaragüense se refirió a este tema luego de que el diario La Prensa de Managua publicara ayer una carta según la cual los Gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua supuestamente alcanzaron un acuerdo para la destrucción de parte del inventario de los Sam-7.
El Gobierno de Ortega negó anoche que "en estos momentos" esté programada la firma de un acuerdo con Estados Unidos para coordinar la destrucción de este tipo de misiles.
También reiteró su disposición de intercambiar los misiles por equipos médicos y medicinas.
El ex presidente de Nicaragua Enrique Bolaños ordenó durante su Gobierno (2002-2007) la destrucción de 1.000 Sam-7, de fabricación soviética, de los 2.151 que tenía en sus almacenes el Ejército como remanente del conflicto armado que vivió Nicaragua en los años 80.
Bolaños prometió a Estados Unidos destruir el total de los artefactos en 2005, pero esa medida quedó bloqueada por una reforma de la Ley de Armas aprobada por el Parlamento que obliga al Ejecutivo a contar con el visto bueno del legislativo para disponer de ese armamento.
En el Congreso, este tema se encuentra estancado desde que Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, en enero de 2007.
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