Valparaíso (Chile).- La Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley General de Educación (LGE) con la excepción de un artículo, que deberá ser zanjado por una comisión mixta de parlamentarios y senadores.
La nueva legislación ha contado con el rechazo de agrupaciones de profesores y federaciones de estudiantes. EFE/Archivo
La nueva legislación, que reemplaza la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), impuesta en los ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha contado con el rechazo de agrupaciones de profesores y federaciones de estudiantes.
Los detractores de la ley demandan que se refuerce la educación pública y que vuelvan a manos del Estado los centros, actualmente dirigidos por municipios y administradores privados.
La Ley General de Educación quedó a un paso de su promulgación después que la Cámara baja aprobara por 70 votos a favor y 12 en contra y dos abstenciones las modificaciones hechas por el Senado a la normativa.
El único punto que quedó pendiente es el artículo 46 de la ley, que ya fue rechazado por parlamentarios socialistas en el Senado, y que establece que licenciados y profesionales con ocho semestres de estudios universitarios puedan dar clases en colegios a alumnos de enseñanza media, pese a no ser profesores.
El Gobierno expresó su satisfacción por la votación en la cámara baja y la ministra de Educación, Mónica Jiménez, declaró: "ya tenemos ley".
"Lo que falta y que fue a comisión mixta es nada más que una frase del artículo 46 que dice que los profesionales que tengan una formación de a lo menos 8 semestres puedan hacer clases. Yo tenía la ilusión de que hoy saliera el proyecto, pero en rigor ya se aprobó el texto", apuntó la ministra.
La nueva ley es fruto de una comisión especial surgida tras la "Revolución de los Pingüinos" de 2006, cuando los estudiantes secundarios (llamados así por su uniforme) se movilizaron para pedir una reforma educativa, ocuparon colegios y protagonizaron masivas protestas que pusieron en un serio aprieto al Gobierno.
La aprobación del texto fue fruto del acuerdo político alcanzado entre el Gobierno y oposición de derechas, pacto al que sin embargo se resistieron varios parlamentarios durante la tramitación de la normativa.
En las tribunas de la cámara baja, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, siguió atentamente el debate en torno a la LGE y tras la votación reafirmó el paro nacional del próximo 2 de abril, a la vez que recalcó el inicio de "jornadas de reflexión y vigilia en los colegios del país".
"La Ley General de Educación es una traición a lo que manifestó el movimiento de los 'pingüinos', pero no está dicha la última palabra (...) y reafirmamos nuestro compromiso a seguir luchando por la educación pública", manifestó el dirigente de los docentes.
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