Valencia.- UGT ha acusado hoy a la Conselleria de Bienestar Social de privatizar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), por haber dejado este servicio fuera del catálogo de prestaciones y servicios públicos y/o concertados que debe ofrecerse a las personas que tienen reconocida la situación de dependencia.
En un comunicado, fuentes de UGT en el Observatorio Valenciano de la Dependencia han asegurado que según los datos del último informe del IMSERSO, la Comunitat Valenciana "sigue sin reconocer ningún Servicio de Ayuda a Domicilio".
Esto significa, según UGT, que las personas que han querido acceder a este servicio "lo han tenido que hacer a través de una prestación económica que les obliga a contratar con una de las 20 empresas autorizadas por el Consell.
Sin embargo, han criticado que estas empresas "no han obtenido ninguna acreditación del servicio porque, hasta la fecha, no hay normativa autonómica para la misma".
En este sentido, han asegurado que el Gobierno valenciano "vuelve a incumplir la ley, al priorizar las prestaciones de carácter excepcional por encima de los servicios públicos, pero también su propia normativa de desarrollo, al no hacer posible la atención a través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados".
Esta norma establece que las prestaciones económicas sólo se deben reconocer cuando no existe o no es posible la atención en la Red de Centros y Servicios Públicos", han destacado desde UGT, para recordar que los ayuntamientos "son red pública y vienen prestando desde hace muchos años este servicio".
Además, han indicado que los consistorios, "con financiación de la Conselleria y fondos propios, han venido prestando un servicio de calidad, con supervisión técnica, donde la relación persona a persona, la proximidad y la confianza con el trabajador lo son todo".
El sindicato ha calificado de "idea disparatada" y "nada eficiente" que la Conselleria "quiera crear, de nuevo, una red paralela extraña al usuario y que le va a resultar más cara, cuando hay una red que funciona ya".
"No podemos entender y nos parece totalmente irregular que este servicio, que el Gobierno entrega a las empresas sin importarle el coste que supone para las personas, va a tener como consecuencia una mayor institucionalización, es decir que las personas tengan que irse a una residencia", han denunciado.
UGT ha asegurado que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "tiene una responsabilidad cumplir" y le ha instado a que se ocupe "de que los servicios públicos estén dotados de los recursos necesarios", para lo que le pide que "use la inteligencia y el sentido común".
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