Sídney (Australia).- El presidente de Fiyi, Eatu Josefa Iloilo, nombro hoy de nuevo al jefe golpista fiyiano, Frank Bainimarama, primer ministro interino, un día después de que cesara en el cargo y de que fuera derogada la Constitución.
Fotografía de archivo del primer ministro fiyiano, Frank Bainimarama. EFE/Archivo
Después de Bainimarama jurara el cargo, el presidente Iloilo, quien la víspera anunció que asumía todos los poderes, declaró el estado de excepción durante un periodo de 30 días.
Bainimarama indicó el viernes en un discurso televisado que había renunciado al cargo tras la decisión del presidente de derogar la Constitución, aunque matizó, que continuaría al mando de las Fuerzas Armadas.
Antes, Iloilo, en un mensaje a la nación, televisado y emitido por radio, señaló que nombraría un primer ministro interino en sustitución de Frank Bainimarama, jefe de las Fuerzas Armadas que llegó al poder en el 2006 por medio de un golpe de estado.
Durante esa alocución, el mandatario precisó que el gobierno interino sería designado "pronto" para que acometiera las reformas que permitan celebrar "elecciones parlamentarias y auténticamente democráticas" en el 2014.
Iloilo reaccionó con esas medidas al día siguiente de que el Tribunal de Apelaciones declarara ilegal la disolución del Gobierno del ex primer ministro Laisenia Qarase a manos de los golpistas encabezados por Bainimarama, y ordenará su destitución como jefe del Ejecutivo fiyiano.
La sentencia del Tribunal se produjo en respuesta a un recurso presentado por los abogados del ex primer ministro Qarase contra su destitución y la de su Gobierno.
Según, el fallo del Tribunal, la Constitución de 1997 no concedía al presidente Iloilo la potestad para legitimar el Gobierno que instaló Bainimarama con su golpe de Estado.
El líder golpista fue nombrado primer ministro el 5 de enero del 2007, tras convencer al presidente Iloilo de que esa medida daría estabilidad al país y legitimidad a su Gobierno.
Los medios de comunicación de Fiyi fueron informados el viernes de la entrada en vigor de la llamada "ley de excepción pública", que implica someter a censura la información.
"La normativa confiere al Ministerio de Información autoridad para examinar y prohibir la publicación o emisión de información que pueda causar desorden, vayan en detrimento de la misión de las fuerzas de seguridad, promuevan el enfrentamiento, o causen alarma publica", indicó el subsecretario permanente del Ministerio de Información, comandante Neumi Lewemi, en un nota oficial.
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