Caracas.- Más de 4.000 obreros venezolanos pasarán a la nómina de una "nueva empresa" pública una vez que el Estado expropie una serie de bienes y servicios conexos a la actividad petrolera mediante una ley que se discute en el Parlamento.
Así lo afirmó hoy el ministro de Energía y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, tras defender la decisión oficial de "nacionalizar" algunos "sectores conexos indispensables para garantizar la producción petrolera" del país, que es el quinto exportador mundial de crudo.
La Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, casi todos oficialistas, aprobó ayer en primera discusión un proyecto de ley que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez "decretar la expropiación total o parcial de las acciones o empresas" con bienes y servicios "esenciales para la industria petrolera".
"Estamos re-nacionalizando actividades que eran propias de la Nación y (...) que fueron privatizadas" durante el proceso de "apertura petrolera", a mediados de la década de 1990, dijo Ramírez, según un comunicado del Ministerio de Energía y Petróleo.
Anunció que su cartera "emitirá una resolución donde se identificará cuáles empresas estarán sujetas" a expropiación, después de que la llamada Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos sea aprobada definitivamente por el Legislativo.
Según esa norma, el Estado tomará el control de servicios como "los procesos de inyección de agua, de vapor o de gas" en los yacimientos petrolíferos y gasísticos, indicó ayer el presidente de la Comisión de Energía de la AN, el oficialista Ángel Rodríguez.
También expropiará las empresas que en el Lago de Maracaibo (estado occidental de Zulia) suministran las "lanchas para el transporte de materiales, diesel, agua industrial", entre otros, aseveró el diputado Rodríguez.
El ministro Ramírez señaló este miércoles que con la toma de control de esas actividades, "se absorberán a más de 4.000 obreros" que actualmente trabajan en empresas privadas, y que pasarán a formar parte de la nómina de una "nueva empresa", según informó el comunicado oficial.
Resaltó que "precisamente en esos sectores" conexos que serán expropiados "se han presentado conflictos laborales debido a que las contratistas incumplen a los trabajadores todos sus beneficios".
"Cuando nosotros le pagamos a una contratista, ésta le paga a sus socios y acreedores y después, si le queda dinero, le cancela a los trabajadores", expresó el ministro.
PDVSA anunció el pasado 2 de marzo en un comunicado que comenzaría a pagar a partir de ese día deudas pendientes con cerca de 6.000 proveedores y contratistas nacionales, por un monto que no precisó oficialmente pero que, según la prensa local, alcanzaba los 1.000 millones de dólares.
Los retrasos en el pago de las deudas pendientes provocaron a principios de este año pequeños incidentes, entre ellos una reciente protesta de unos 3.000 trabajadores.
El pasado 6 de marzo, Ramírez denunció que "algunas" contratistas de taladros petroleros intentarían paralizar sus actividades para presionar a PDVSA para que no aplique la reducción de "en cerca de un 50 por ciento" a las tarifas que les paga por sus servicios.
En Venezuela, quinto exportador mundial de petróleo, hay actualmente "266 taladros activos", de los cuales "51 son propiedad del Estado y el resto contratados", precisó entonces Ramírez.
"Nosotros vamos a tomar los taladros de las empresas contratistas que pretender utilizar a los trabajadores para paralizar las actividades", advirtió el ministro venezolano en marzo pasado.
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