La Asamblea de Madrid pide que no se autoricen manifestaciones los días de pleno

Madrid.-  La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, ha reclamado hoy a la delegada del Gobierno y al ministro Rubalcaba que "no vuelvan a autorizar manifestaciones frente a la Cámara regional durante la celebración de sesiones plenarias", para evitar incidentes como los de la manifestación de trabajadores industriales del pasado jueves.

Elvira Rodríguez, que ya ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción los hechos ocurridos ese día dentro y fuera del Parlamento, ha enviado sendos escritos a la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, y al Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en los que les pide que "depuren las oportunas responsabilidades de los convocantes de la manifestación del pasado jueves".

En dichos escritos, la presidenta realiza una exposición de los "gravísimos" hechos de ese día, y explica que la manifestación "acabó con la superación del cordón policial, con un herido y con el lanzamiento de objetos contundentes contra la sede parlamentaria".

Además, solicita a ambos que no autoricen más manifestaciones los días de pleno, "con el objetivo de preservar el libre ejercicio de los derechos constitucionales de los diputados y el normal funcionamiento de la Asamblea".

Durante el pleno del pasado jueves, varias decenas de trabajadores de Iveco-Pegaso, Arcelor Mittal y BP Solar, afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), fueron expulsados de la Cámara por proferir gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Los diputados de la oposición se pusieron de parte de los trabajadores, a los que aplaudieron mientras eran desalojados; y el diputado socialista José Quintana fue expulsado también tras enfrentarse verbalmente a la presidenta de la Asamblea por haberles echado.

En ese momento, los diputados del PSOE e IU abandonaron sus escaños y salieron a la calle para expresar su apoyo al millar de trabajadores que permanecían concentrados y que, poco después, rompieron el cordón policial hasta llegar a la puerta del Parlamento, donde arrojaron piedras, tuercas y cubitos de hielo.

Elvira Rodríguez cree que los convocantes de la concentración son responsables de "incumplir los extremos de la autorización administrativa, que obliga a no perturbar el libre ejercicio por los demás ciudadanos de sus derechos y libertades, y a hacer posible la prestación de servicios públicos esenciales y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

La presidenta considera también que los convocantes pudieron haber cometido delitos tipificados en los artículos 494 y 497 del Código Penal, que preven penas de prisión por promover, dirigir o presidir manifestaciones ante la sede de una Asamblea Legislativa y por perturbar gravemente el orden de sus sesiones, según la denuncia que ha interpuesto.