Oviedo.- Un informe de la Sindicatura de Cuentas afirma que en 2006 el Principado tenía 71 contratos de alta dirección, de los que 43 no cumplen los requisitos que deben de tener este tipo de contratos, y que el Síndico Mayor, Avelino Viejo, ha calificado hoy de "impropios" pero "no ilegales".
Viejo ha dado a conocer hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del Principado este informe sobre la fiscalización de los contratos de alta dirección del sector público regional del Principado en el ejercicio 2006.
Ha precisado que estos 43 contratos "no son ilegales" y que, por sus características, podrían ser considerados de tipo ordinario, y ha asegurado que en ninguno de ellos existe ningún tipo de blindaje.
La retribución media de estos contratos es de 57.090 euros, mientras que el de menor cuantía alcanza los 33.000 euros y el de mayor los 124.000.
Hay un 75 por ciento que se sitúan por debajo de los 57.000 euros y un cincuenta por ciento que están entre los 47.000 y 57.000 euros, mientras que sólo seis exceden de los 90.000 euros.
El informe señala que hay tres entes públicos que no han dado los datos a la Sindicatura: El Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el Parque de la Prehistoria de Teverga y Sogepsa, pese a que se le han concedido los plazos necesarios para mandar la información requerida, según el Síndico.
Por su parte, el diputado del PP Ramón García Cañal ha asegurado que en 2006 había casi 150 contratos de alta dirección, ya que a los 71 que señala el informe hay que sumar 74 más del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) que no están reflejados en él.
Ha apuntado que estos contratos se incrementaron en siete años "un mil por ciento" al pasar de catorce en 1999 a 150 en 2006 y ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una propuesta de resolución para "corregir el desorden en la gestión" de la Administración asturiana.
El portavoz del PSOE, Álvaro Álvarez, ha rechazado las acusaciones del PP y ha dicho que ha aumentado el número de estas contrataciones debido a que ahora se han asumido más competencias.
Por último, ha precisado que el informe no refleja que haya existido "ninguna ilegalidad" y ha señalado que su grupo parlamentario pedirá a la Administración que "ajuste más" las funciones de algunos contratos.
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