El alcalde de Almuñécar es condenado 28 meses por coacciones a la televisión municipal

Motril (Granada).-  El Juzgado de lo Penal de Motril (Granada) ha condenado al alcalde de la localidad granadina de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones realizadas a la empresa adjudicataria de la televisión local.

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(EFE)

El Juzgado de lo Penal de Motril (Granada) ha condenado al alcalde de la localidad granadina de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones realizadas a la empresa adjudicataria de la televisión local. EFE/Archivo

Además, el regidor quedará inhabilitado durante esos 28 meses para ejercer como cargo público tras haber autorizado el cambio de cerraduras y el corte de los suministro de agua, luz y teléfono a la empresa Medios Informativos Costa Tropical S.L., que finalmente originaron el cierre de la misma, según publica en su edición de hoy La Opinión de Granada.

El fallo rebaja en dos meses la petición de pena que efectuó la Fiscalía en el juicio por estos hechos, que se celebró el pasado 10 de junio, y en el que la acusación pública solicitó también que Benavides abonará un total de 36.000 euros en concepto de multa.

Fuentes municipales han informado a Efe de que el Ayuntamiento de Almuñécar recurrirá esta sentencia contra el regidor sexitano ante la Audiencia Provincial de Granada en los próximos días, tras analizar detalladamente su contenido.

Los hechos se remontan a enero de 2004, cuando la empresa se encargaba de los servicios relativos al desarrollo, producción de programas, tiempo de difusión y publicidad institucional en medios audiovisuales de titularidad municipal tras haber obtenido la adjudicación pertinente en abril de 2000.

Para el desarrollo de sus funciones la empresa utilizaba una planta del edificio de la Casa de la Cultura y un cuarto situado en la terraza, así como una caseta en el Rancho de Río Verde, de titularidad municipal, lugares donde se encontraban todas sus instalaciones y material técnico mientras que el Ayuntamiento le suministraba la electricidad.

Sin embargo, en enero de 2004, siendo alcalde Benavides, éste ordenó el cambio de cerradura de la caseta de emisión situada en Río Verde, así como en los locales de la Casa de la Cultura que usaba la televisión, mientras que en la Junta de Gobierno de ese mes se acordó el corte del suministro eléctrico de los locales.

Al parecer, la orden se hizo efectiva entre el 16 y 19 de enero, sin que previamente se comunicara ni notificara al representante de la empresa, circunstancia que impidió que ésta pudiera continuar con su actividad, con los consiguientes perjuicios económicos.

Esta circunstancia fue utilizada para acordar, el 21 de enero de ese año en la Junta de gobierno local, que se incoara contra la adjudicataria un expediente sancionador procediendo a la suspensión cautelar del contrato.

Durante la vista oral, Benavides declaró que la empresa había incumplido el pliego de condiciones al no hacer frente a la fianza que tenía que depositar y no pagar las facturas por los suministros mientras que concesionaria alegó que, como la anterior, no pagaban agua, ni luz ni teléfono porque lo compensaban al cobrar al Consistorio la mitad del coste de la publicidad que emitía.