Zaragoza.- La Auditoría hecha por el Ayuntamiento de Zaragoza en la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda revela que el concejal Antonio Becerril, su presidente desde julio de 2007 hasta abril de 2009, relacionado con la supuesta trama de corrupción urbanística de La Muela, no intervino para modificar los criterios del Consejo de Administración.
El Gobierno de Zaragoza ha celebrado hoy una reunión extraordinaria para conocer el resultado de esta auditoría que ha analizado las adjudicaciones realizadas por la sociedad en el periodo en que Becerril fue presidente y que revela que no ha otorgado contratos a ninguna de las empresas cuyos responsables están imputados en dicho caso.
Así lo ha señalado el vicealcalde y consejero de Presidencia, Fernando Gimeno, quien ha asegurado que "ninguna de las cuestiones que aparecieron en los medios de comunicación como consecuencia de las transcripciones de las conversaciones sobre las posibles adjudicaciones a empresas relacionadas con Carmelo Aured" indican que la sociedad haya realizado ninguna adjudicación a las mismas.
También se constata que no ha habido ninguna actuación de Becerril "intentando modificar el criterio" del Consejo de Administración de la sociedad, si bien, Gimeno cree que hasta que no se termine el proceso judicial el alcalde, Juan Alberto Belloch, no tomará ninguna decisión para restituir al edil a sus puestos de responsabilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana.
El consejero de Economía y Hacienda, Francisco Catalá ha explicado que se han estudiado todos los contratos mayores (48) y los contratos menores (236) que ha adjudicado la sociedad Zaragoza Vivienda desde julio de 2007 hasta abril de este año.
De la Auditoria, se desprende que los procedimientos de publicidad y concurrencia han sido los establecidos en las normas, así como que todos los contratos han sido correctamente adjudicados y no ha habido ninguna irregularidad en ninguno de ellos.
Catalá ha asegurado que se han seguido los criterios habituales en la adjudicación de los contratos mayores en los que el peso del precio se valora en un 70 por ciento y en un 30 por ciento las cuestiones técnicas.
Todos los contratos han sido adjudicados por el órgano competente, es decir, el Consejo de Administración de la Sociedad.
En el caso de los contratos menores se observa que también han sido correctamente calificados salvo dos de 2008 y uno de 2009.
También hay unos 30 contratos que la intervención considera que ha habido algún tipo de fraccionamiento en su contratación aunque reconoce que las causas están "bastante justificadas" como las obras de reforma de la sede de la propia sociedad, que se contrataron por gremios.
En el caso de la adjudicación de estudios geotécnicos, se han hecho tantos contratos como estudios en lugar de uno solo, pero no ha habido quebranto sino incluso ahorro, ha concluido Catalá.
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