El senador del PP por Castellón dice ante el Supremo que no ha cometido ningún delito

Madrid.-  El senador del PP por Castellón Manuel Guillermo Altava Lavall ha declarado hoy en el Tribunal Supremo (TS) como imputado por un delito de realización arbitraria del propio derecho, en relación con la denuncia interpuesta por su ex compañera sentimental, y ha asegurado que no ha cometido ningún delito.

Altava Lavall, que ha declarado durante media hora ante el magistrado del Alto Tribunal José Manuel Maza, ha explicado a los periodistas al finalizar el interrogatorio que él no ha cometido "ningún hecho punible".

"Estoy muy contento de haber declarado, he dicho la verdad y me quedo con lo que digan los tribunales ", ha añadido el senador, cuya ex pareja, Paloma Sanz, le acusa de utilizar su condición de magistrado de un juzgado de lo penal de Castellón para irrumpir con la Policía en la vivienda que ambos habían compartido, y en la que en ese momento residía sólo ella, para llevarse en un camión sus pertenencias.

Según fuentes jurídicas, el senador ha declarado tras ser citado a instancias del fiscal, voluntariamente y sin necesidad de que el Alto Tribunal por el momento solicite el suplicatorio al Senado.

Los hechos sucedieron el 15 de agosto de 2003 cuando, según fuentes de la acusación, Altava se dirigió hacia la vivienda y, "como carecía de las llaves para entrar a la misma, pues estas habían sido sustituidas por su compañera sentimental tras cambiar las cerraduras, accedió al inmueble retirando bienes de su propiedad que se hallaban en el interior".

Por su parte, el senador ha declarado en el Supremo que él fue al citado domicilio "para recoger objetos personales y profesionales".

Tras Altava ha prestado declaración su ex pareja, quien ha explicado a los periodistas que se encontraba en Benicássim cuando una vecina le avisó de que estaban entrando en su domicilio y cuando llegó "las fuerzas del orden público me tuvieron retenida durante cinco horas".

"Me expoliaron mi casa y se llevaron todo los que les dio la gana", ha añadido Sanz.

La sala de lo Penal del Supremo asumió la instrucción de este caso el pasado 13 de febrero con el informe favorable del fiscal que consideró que los hechos pueden ser constitutivos del delito de "realización arbitraria del propio derecho".

A pesar de que Altava era el titular del juzgado número 3 de lo penal de Castellón cuando ocurrieron los hechos, la competencia para investigarlos corresponde ahora al Tribunal Supremo al haber obtenido un escaño en el Senado en las elecciones generales de marzo de 2008.

Antes de que este asunto llegara al Supremo, el juzgado número 2 de Castellón investigó el caso y decretó en 2006 la apertura de juicio oral contra el magistrado, aunque no señaló la fecha de inicio del mismo.

Tras las elecciones, el juzgado elevó el caso al Supremo por la condición de aforado del imputado, y la sala de lo penal se declaró finalmente competente para asumir el procedimiento.