Sanidad asegura que de los 30.000 expedientes de Dependencia presentados, 2.000 están pendientes

Mérida.-  La Consejería de Sanidad y Dependencia ha afirmado hoy que de los 30.000 expedientes presentados por los ciudadanos para recibir prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia, sólo 2.000 están pendientes de valoración, aunque se calcula que a lo largo de septiembre estarán resueltas.

De este modo responde a la diputada regional del PP Cristina Herrera, que hoy ha afirmado que la Junta mantiene "paralizada" la atención a las personas dependientes ya que hay unas 10.000 personas con derecho a percibir prestaciones que aún no disfrutan de ellas.

En un comunicado remitido a Efe, la Junta de Extremadura subraya que "no hay paralización ni congelación en los procedimientos y en la atención a las personas" susceptibles de recibir cobertura por esta norma.

Aclara que el procedimiento es lento dado que se trata de reconocer un derecho que es de por vida y garantiza una situación de protección permanente, al tiempo que acusa al PP de utilizar la demagogia para confundir a la ciudadanía y emitir interesadamente datos erróneos relacionados con la puesta en marcha de la ley.

Precisa que de los 30.000 expedientes presentados por los ciudadanos, solamente 2.000 están pendientes de valoración y calcula que a lo largo del mes de septiembre estas valoraciones estarán al día.

Según el Ejecutivo regional, desde la puesta en marcha de la ley más de 9.000 servicios han atendido a algo más de 8.000 ciudadanos en la comunidad, una cifra "que sigue creciendo día a día".

El resto de expedientes de ciudadanos con derecho se encuentran dentro del proceso para que puedan acceder a las prestaciones, aunque afirma que muchos de ellos ya están recibiendo algún tipo de servicio o prestación análogos a los que la Ley de la Dependencia garantiza, por ejemplo a través del Plan Concilia, la ayuda a domicilio, los centros de día, las residencias de mayores y toda la red de atención a las personas con discapacidad.

"Se hace necesario, por tanto, que, de una vez por todas, los portavoces populares diferencien entre atención y prestación", asevera la Junta, y asegura la atención llega incluso a muchos ciudadanos que no estarían, por sus condiciones de dependencia, dentro del sistema de protección que la ley garantiza.

Por último, niega que se encuentren paralizadas las políticas sociales de la Junta de Extremadura y, pese a la situación de crisis, reafirma su compromiso con la puesta en marcha de la ley a través de la ampliación de las partidas presupuestarias de 44 millones de euros, como así lo anunció el propio presidente regional, Guillermo Fernández Vara.