Las Palmas de Gran Canaria.- El portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, formalizó hoy una denuncia por vía penal contra el informe que permitió al empresario Rafael Bittini ganar una indemnización de más de 100 millones de euros al Gobierno Autónomo en el "Caso Tebeto".
El portavoz del grupo socialista, Santiago Pérez, durante una intervención. EFE/Archivo
La presentación de esa denuncia, que avanzó el PSC-PSOE desde el pasado jueves con el argumento de que el informe podría ser falso y, en ese caso, no habría razones para imponer la multimillonaria multa al Ejecutivo, se llevó a cabo en torno al mediodía, según confirmaron hoy a Efe fuentes de la Fiscalía en Las Palmas de Gran Canaria, adonde acudió para formalizar la iniciativa Santiago Pérez.
Desde la Fiscalía dijeron no poder avanzar, en todo caso, dato alguno sobre el contenido de la denuncia, respecto a la cual ha evitado también hacer declaraciones en esta jornada el portavoz socialista, por entender, según explicaron desde su departamento de Comunicación, que podría entenderse como un intento de presión a las autoridades judiciales hacer su presentación ante los periodistas.
El PSC-PSOE, de todos modos, ya había anticipado desde el pasado jueves, cuando anunció su propósito de acudir a la vía penal, que su denuncia se sustenta en la tesis de que la elaboración del informe técnico que presentó Bittini para justificar las supuestas pérdidas económicas que le valdrían la multimillonaria indemnización fue delictiva, por haberse apuntado datos falseados adrede.
"Si el informe presentado recientemente por el Gobierno canario es verdadero y la valoración de los recursos mineros existentes en Tebeto no llega al millón de euros, el informe pericial de Bittini es falso", se argumentó desde el PSC-PSOE en un comunicado donde se anunció el jueves su iniciativa.
En él se subraya que, de ser ciertas las afirmaciones del Ejecutivo respecto a la sobrevaloración de la explotación minera, ésta "habría llevado, por la inacción al Gobierno de Canarias, que no aportó informe contradictorio ni en la fase administrativa ni en la judicial, al TSJC a darle pleno valor probatorio y justificar la cuantía de la sentencia en un informe falso".
En consecuencia, se afirma que la acción penal contra el referido informe "puede ser la forma más eficaz de darle la vuelta al caso y evitar el pago (de los más de 100 millones de indemnización impuestos en una sentencia que aún no es firme), reparando los efectos de la pésima actuación del Gobierno canario".
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