Sevilla.- La Fiscalía de Sevilla ha vuelto a pedir un año y medio de cárcel para los cuatro acusados en el "caso Camas" por el soborno a una concejal, entre ellos el ex alcalde de esa localidad sevillana Agustín Pavón (IU).
El ex alcalde de Camas (Sevilla), Agustín Pavón, de IU, a su llegada al juzgado en 2006 para declarar como imputado por el intento de soborno a una ex concejal de IU. EFE/Archivo
En un escrito de acusación que ha sido visado por la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal sevillano ha retirado su imputación contra Aureliano Lucas, ex concejal del PP en Castilleja de Guzmán (Sevilla), ya que la única prueba contra él eran unas escuchas telefónicas anuladas por la Audiencia de Sevilla.
La Fiscalía, en una nota de prensa facilitada a Efe, informa hoy de que su nuevo escrito de acusación considera demostrado que Pavón, el ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile, el ex concejal del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño se pusieron de acuerdo para sobornar con 12.000 euros a la ex concejal de IU en Camas Carmen Lobo.
Su objetivo era "poner fin a la situación de bloqueo del ayuntamiento de Camas", para lo cual decidieron ofrecer a Carmen Lobo "un beneficio económico" para que la concejal, cuya salida del equipo de Gobierno lo había dejado en minoría, volviese a votar a favor de sus propuestas.
Explica el fiscal que el Ayuntamiento de Camas se encontraba en 2005 "en una situación de práctica paralización" puesto que al equipo de Gobierno "le era imposible adoptar medida alguna que precisara la aprobación del Pleno del Ayuntamiento".
El escrito de la Fiscalía relata la serie de reuniones que mantuvieron los imputados entre ellos mismos desde los primeros días de julio de 2005 y hasta la mañana del 12 de septiembre de 2005, cuando Gaviño se reunión con Carmen Lobo "y le hace el ofrecimiento de grandes cantidades de dinero a cambio de su voto en los plenos del Ayuntamiento".
Ambos acordaron verse ese mismo día por la noche el "La Taberna Medieval" de la calle Torneo de Sevilla, en un encuentro vigilado por la Policía, donde Gaviño le entregó 12.000 euros y una nota escrita por Antonio Enrique Fraile con los puntos del orden del día del pleno del día siguiente que debía votar favorablemente.
El fiscal precisa en su escrito de acusación que todos los movimientos de los acusados fueron vigilados por la Policía, puesto que tanto Carmen Lobo como el militante de IU Francisco Gordo, utilizado por los acusados como intermediario con la concejal, denunciaron los hechos y "fingieron acceder a sus pretensiones para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar".
El "caso Camas" ha tenido que volver a la fase de calificación después de que la Audiencia de Sevilla anulase las escuchas telefónicas a los acusados y posteriormente rechazase los recursos de los defensores contra la incoación del procedimiento para un juicio con jurado.
La Audiencia entendió que, pese a la anulación de las escuchas, existen otras pruebas contra los acusados que son indicio suficiente para llevarlos a juicio, en especial la declaración de Gordo y Lobo y la entrega de los 12.000 euros.
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