San Salvador.- Unas 25 organizaciones sociales convocaron hoy a una marcha el próximo 29 de octubre para pedir al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero.
Romero, asesinado en 1980 cuando oficiaba misa, es reconocido por denunciar las atrocidades perpetradas contra la población civil en los años que antecedieron a la guerra civil en el país (1980-1992). EFE/Archivo
Adelaida Estrada, dirigente de la Concertación Monseñor Romero, declaró hoy a Efe que con la movilización solicitarán a Funes "que se dé cumplimiento a las medidas" dictadas por la CIDH, que pidió una investigación exhaustiva del crimen, reparación y derogación de una Ley de Amnistía aprobada tras el conflicto armado.
Estrada indicó que en especial solicitarán al jefe de Estado que celebre un acto el 24 de marzo de 2010, cuando se cumplirán 30 años del asesinato de Romero, para que se pida perdón en nombre del Estado salvadoreño.
La marcha recorrerá varias calles de San Salvador hasta la Casa Presidencial, donde la Concertación Monseñor Romero, integrada por unas 25 organizaciones sociales, planea dejar una carta a Funes.
Romero, asesinado en 1980 cuando oficiaba misa, es reconocido por denunciar las atrocidades perpetradas contra la población civil en los años que antecedieron a la guerra civil en el país (1980-1992).
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), Roberto D'Aubuisson.
Estrada recordó que la CIDH ha hecho una serie de recomendaciones al Estado salvadoreño que no han sido cumplidas por las últimas administraciones de Arena, partido que gobernó el país desde 1989 y hasta el pasado 1 de junio, cuando asumió Funes.
Sin embargo, confió en que Funes, el primer presidente de izquierda de El Salvador, "dará respuesta a estas recomendaciones".
"Tenemos la esperanza puesta en que este Gobierno sí va a hacer justicia en el caso de monseñor Romero", añadió Estrada.
La amnistía fue decretada en 1993, un año después de la firma de los Acuerdos Paz que pusieron fin al conflicto que enfrentaba al Ejercito con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora el partido de Gobierno.
La CIDH "decretó como responsables del asesinato al Estado salvadoreño", aseguró Estrada, e indicó que "se encuentra en desacato porque no han cumplido las recomendaciones dictaminadas".
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